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agentes –gobiernos, gestores, pacientes y profesionales-, las compañías de
seguros, los proveedores –médicos, hospitales, centros y farmacia-, la
distribución y los productores, entre los que se encuentran las compañías
farmacéuticas.
El marco de competencias, tanto en procesos asistenciales como en las
funciones, consideró que debe de estar bien definido para evitar conflictos y,
en este sentido, aludió a conceptos que se confunden “en función de
oportunidades o intereses políticos” como es “prescribir, dispensar o indicar”.
Aunque señaló que todo el mundo parece tener claras las ideas, él consideró
que no todo está claro y, en este sentido, planteó numerosas preguntas, como
“¿porqué a una auxiliar de enfermería se le niegan la realización de técnicas que
luego se les vende a los pacientes para que las hagan solos?”, “¿por qué otros
especialistas impiden a los Médicos de Familia realizar técnicas y exploraciones
que en consultas públicas y privadas –si tienen prisa- la realiza enfermería?” o
“¿porqué van a diagnosticar y tratar los farmacéuticos y no pueden dispensar
los centros de salud?”.
Abordó también la responsabilidad, desde la lógica del directivo sanitario que
“se entiende que tiene que responder ante quien le manda, lo cual no quiere
decir que eso sea justo” y se preguntó si “los recortes pueden modificar los
valores y principios”. Aludió a decisiones políticas que inciden, por ejemplo,
en los derechos de un médico que enferma sin haber cotizado lo suficiente o
la responsabilidad que tiene un compañero ante otro que necesita asistencia
médica y no debe seguir atendiendo a los pacientes. “No es ninguna deslealtad”
–dijo- ponerlo en conocimiento del colegio para ayudarle a través del Programa
de Atención Integral al Médico Enfermo.
Finalmente, abogó por una nueva
definición de competencias entre
profesionales
sanitarios
con
“redistribución y asignación de
funciones y tareas asistenciales, así
como por “compartir conocimiento
científico” desde el convencimiento
de que “una técnica no es exclusiva de
nadie y debe incorporarla cualquier
médico con conocimiento suficiente si
supone un beneficio para sus pacientes”. El Dr. Antonio Arroyo reflexionó sobre
la situación actual de las relaciones de los médicos con los colegios desde su
experiencia como vicesecretario y presidente del COMA y partiendo siempre de
lo que establece el Código de Deontología Médica al respecto.
Tras hacer una fugaz y romántica mirada al pasado del COMA, fundado en 1894,
recordó el proceso de elección de cargos directivos que ha pasado de la etapa